La Audiencia admite el recurso de Marsá

La Sección Segunda admite la personación del presidente del Granada 74 como acusación particular contra J. J. Romero y Lorente

Carlos Marsá, presidente del Granada 74 (GRJ)
Carlos Marsá, presidente del Granada 74 (GRJ)

Agencias

La Audiencia de Granada ha acordado que el Juzgado de Instrucción 4 admita la personación de Carlos Marsá, presidente del Granada 74, como acusación popular en el caso por el se investigó al promotor inmobiliario José Julián Romero y al ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente a raíz de un viaje a Japón.

La Sección Segunda, según el auto, estima así el recurso presentado por el empresario contra la decisión del instructor, que no admitió su personación en la causa al considerar que no había demostrado interés legítimo y personal en el proceso más allá 'de su manifiesta enemistad con los imputados'.

 

La Audiencia cree que las sospechas que el juez albergaba sobre el legítimo interés que pudiera tener Marsá en personarse en la causa 'no son bastantes para negarle el ejercicio de la acción penal en su calidad de acusación popular'.

La estimación de este recurso de apelación podría conllevar, según ha informado el abogado de Marsá, que se declarare la nulidad de las actuaciones, precisamente desde el momento en que se les denegó su personación. Ello implicaría, a la espera de que la Audiencia resuelva otro recurso presentado por la Fiscalía, una posible reapertura de la causa, archivada al no apreciar el juez instructor prevaricación ni cohecho en el viaje a Japón que Romero y Lorente hicieron juntos en 2006 con motivo del Campeonato Mundial de Baloncesto.

En un auto el juez Antonio Moreno acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones por no ser constitutivos de infracción criminal ni falta los hechos, que fueron denunciados por la Fiscalía a raíz de una denuncia a su vez de Carlos Marsá. El juez consideró, no obstante, que no parecía 'muy conforme a los usos sociales' y desde un punto de vista ético o moral que un 'importante promotor' de la ciudad y el gerente de Urbanismo hicieran viajes juntos con ocasión de un evento público relacionado con el Ayuntamiento para el que trabaja Lorente.

En cualquier caso, precisaba que el hecho de que 'pueda ser éticamente reprobable no implica que jurídicamente sea relevante', a lo que añadía que no había indicio alguno que revelara la comisión de delito, 'aunque pueda parecer socialmente sospechoso y poco recomendable'. Tras conocer el archivo, la Fiscalía presentó un recurso de apelación al creer que sí existen indicios racionales de la comisión de cohecho y prevaricación en relación con el viaje a Japón.

Según la Fiscalía, el empresario 'fomentó la relación y amistad' con el entonces gerente de Urbanismo 'a fin de facilitar la tramitación y autorizaciones' de sus promociones inmobiliarias, algo que no rechazó Lorente, a sabiendas de que tendría para él 'efectos beneficiosos' por la 'importancia económica y social' de Romero.

 
 
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